INFORME ESPECIAL
Bogotá, enero de 2021 – Las autoridades venezolanas deben devolver todos los equipos de trabajo incautados a VPITV y permitirle trabajar con libertad, declaró hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 8 de enero, las autoridades allanaron la sede de Caracas de VPITV, un canal televisivo digital independiente, e incautaron cámaras, computadoras, equipos de transmisión y documentos. Además, ordenaron el cese de las operaciones del medio de comunicación, según versiones noticiosas y declaraciones del presidente y copropietario de VPITV, Leonardo Trechi, quien conversó con el CPJ mediante una aplicación de mensajería desde Miami, donde VPITV tiene su sede principal.
El allanamiento, de siete horas de duración, fue ejecutado por una comisión de funcionarios del ente gubernamental regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, y del organismo nacional recaudador de impuestos, SENIAT, Trechi declaró al CPJ. Los funcionarios dijeron que el allanamiento se derivaba de tres reportajes que VPITV había emitido en septiembre de 2020, sobre el desabastecimiento de gasolina en el país, pero no presentaron ninguna orden ni relación de infracciones, expresó Trechi.
“El cierre del canal digital VPITV es el más reciente intento del Gobierno de Nicolás Maduro por silenciar las pocas voces independientes que quedan en Venezuela”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las autoridades deben devolver inmediatamente todos los equipos que confiscaron al medio de comunicación y permitir que VPITV funcione libremente”.
En un comunicado publicado en Twitter, VPITV calificó el allanamiento de “nuevo episodio en la campaña de hostigamiento y censura contra la prensa independiente de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro”.
Trechi declaró al CPJ que los funcionarios habían dicho que los reportajes sobre el desabastecimiento de gasolina habían violado la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; que el canal estaba sujeto a una sanción administrativa de CONATEL; y que el medio de comunicación tenía 15 días para responder.
La ley contra el odio prevé sanciones de privación de libertad para toda persona que incite al odio o la violencia por medio de la televisión, la radio, los medios impresos o las redes sociales, según datos del CPJ.
VPITV, fundada en 2015, tiene su sede principal en Estados Unidos y posee corresponsales en 20 de los 23 estados venezolanos. Sus reportajes se transmiten por Facebook, YouTube y otras plataformas digitales, de acuerdo con Gabriela Perozo, Vice-Presidenta de Información y copropietaria del canal digital, quien habló con el CPJ por una aplicación de mensajería.
Perozo señaló que desde el allanamiento VPITV ha seguido emitiendo noticias internacionales desde Miami, pero ha cerrado temporalmente sus operaciones en Venezuela y ha cesado su cobertura informativa del acontecer del país.
El allanamiento ocurrió días después de la juramentación de una nueva Asamblea Nacional el 5 de enero, resultado de las elecciones legislativas de diciembre, que consolidó el poder de Maduro en el país, según informaciones de prensa.
El mismo 8 de enero, el SENIAT ordenó la clausura temporal de la sede de Diario Panorama, un periódico del estado del Zulia, según la organización venezolana defensora de la libertad de expresión Espacio Público; y el sitio noticioso Tal Cual tuiteó que hacía frente a un “ataque digital” de una fuente que no identificada.
El CPJ llamó a CONATEL y al SENIAT para obtener una declaración, pero nadie respondió.
Fuente: CPJ