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Bogotá, enero de 2021 – Las autoridades colombianas deben investigar exhaustivamente la muerte del periodista Andrés Felipe Guevara Henao, esclarecer si se atentó contra su vida por causa de su trabajo informativo, y enjuiciar a los responsables del crimen, declaró hoy el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
El 21 de diciembre de 2020, en la occidental ciudad de Cali, un sujeto no identificado le disparó cuatro veces a Guevara cuando éste estaba frente a su casa hablando con un amigo, según informaciones de prensa.
Guevara recibió heridas en el pecho, el estómago y una pierna, y fue hospitalizado a raíz del ataque. El periodista falleció el 23 de diciembre a consecuencia de las heridas recibidas, según versiones periodísticas. El amigo de Guevara recibió un impacto de bala en los glúteos y sobrevivió, de acuerdo con esas versiones.
Guevara, de 27 años, cubría temas judiciales para el diario Q’hubo Cali, según las informaciones citadas.
Un periodista de Cali que conocía a Guevara declaró al CPJ que éste había recibido numerosas amenazas por parte de una banda local durante los últimos tres años, derivadas de la cobertura noticiosa de Guevara sobre homicidios en el barrio Mariano Ramos de Cali, donde Guevara creció y murió. El periodista solicitó el anonimato por temor a sufrir represalias por parte de los criminales.
Ayer, las autoridades anunciaron que habían arrestado a un joven de Cali de 16 años como presunto autor material del crimen, según informaciones de prensa y un comunicado publicado en Twitter por el fiscal general colombiano Francisco Barbosa.
“Las autoridades colombianas deben hacer todo lo que esté en sus facultades para realizar una investigación confiable sobre el homicidio del periodista Andrés Felipe Guevara, esclarecer si lo mataron por su trabajo periodístico y enjuiciar a los responsables”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Debido a la labor informativa de Guevara sobre la violencia relacionada con la delincuencia y a las amenazas que había recibido por esas coberturas, es esencial que las autoridades tomen en cuenta seriamente la hipótesis de que el periodista haya sufrido un atentado por su trabajo”.
El periodista de Cali que conocía a Guevara declaró al CPJ que alguien había disparado tres tiros contra la vivienda de Guevara en 2017 después de que publicara una noticia en la que vinculaba con dos homicidios a miembros de la banda “Los Pitbull” del barrio de Mariano Ramos.
“Y yo hice esa noticia y me dijeron que era un sapo y me iban a matar”, Guevara contó a un amigo en un audio grabado en agosto de 2020, cuya transcripción fue publicada por el semanario de noticias Semana, con sede en Bogotá. “Me amenazaron. Ellos eran sicarios y me tocó irme”.
Guevara interpuso una denuncia penal por los hechos de 2017 ante la Fiscalía, y se mudó a la cercana localidad de Jamundí temiendo por su seguridad, el periodista de Cali declaró al CPJ, y agregó que Guevara había regresado al barrio de Mariano Ramos en 2020 por problemas financieros, y que vivía con familiares.
En el audio, Guevara decía que había recibido un chaleco antibalas para su protección. Guevara no lo llevaba cuando lo mataron a tiros, según el periodista que habló con el CPJ.
El día siguiente a la muerte de Guevara, Manuel Antonio Vásquez, entonces jefe de la Policía de Cali, emitió un comunicado donde afirmaba que el atentado no estaba relacionado con el trabajo periodístico de Guevara, pero no indicaba cómo había llegado a esa conclusión.
Ese comunicado motivó que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, publicara un comunicado en el cual exigía a las autoridades realizar una investigación seria y contemplar como primera hipótesis la relación con su labor informativa en torno a la violencia desatada por las bandas criminales.
El CPJ llamó a la Policía de Cali y a la oficina del Fiscal General Barbosa para obtener una declaración, pero nadie contestó la llamada ni respondió los mensajes dejados por el CPJ.
Fuente: CPJ