Santo Domingo, RD.- Una compleja red integrada por abogados, agrimensores, militares, empleados de instituciones públicas vinculados a la la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, habrían montado un mayúsculo fraude para apropiarse de seis millones trescientos sesenta y tres mil doscientos dos metros cuadrados (6,363,202 mts2) en zona de playa, para lo cual conformaron una asociación ilícita que confeccionó y utilizó centenares de documentos falsos (contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos), relativos a Costa Dorada, S. A., con la finalidad de apoderarse de su capital social, y con ello de los terrenos con vocación turística ubicados en la comunidad de Sabana Buey, provincia Peravia.
El inmueble envuelto en la acción fraudulenta está localizado en el área costera de Sabana Buey, dentro de la Bahía de Salinas, en Baní, al lado del Proyecto Los Corbanitos, actual proyecto Punta Arenas, y el mismo fue adquirido por el señor Juan Mayol Garrido (EPD), en fecha 13 de junio del 1967, quien lo aportó en el año 1976 a la sociedad Costa Dorada, una empresa en la que poseía el 99.9% del capital accionario, vendiendo al año siguiente el 50% de las acciones a la familia Serrano Oms, todos pertenecientes a familias de empresarios tradicionales, responsables de la creación de varias empresas desde la década del 40, lo propio la familia Serrano OMS de Bani.´
Dado el potencial para desarrollar en dichos terrenos un proyecto turístico de gran envergadura, sujetos inescrupulosos, algunos de los cuales se encuentran involucrados en el caso Bahía de las Águilas, han fraguado y ejecutado actos ilegales para adueñarse de esta propiedad.
Como autores de tales hechos se señala al Dr. Rafael Olegario Helena Regalado, a la Licda. Judith Franchesca Aguasvivas Báez, a la Ingeniera Ailec Paloma Soto garabito, entre otros, utilizando el vehículo corporativo Global Multibusiness Corporation.
Aún habiendo sido descubiertos y sometidos a la acción de la justicia, e incluso, luego de ser acusados por el ministerio público y por las sociedades Hilari Mayol, Mayol & Co., Okra Company, y, Gran Kays (reales propietarios de la empresa Costa Dorada,), los señores antes señalados se aferran a la idea de que las familias Mayol y Serrano Oms desistirán de sus legítimos derechos, y por lo tanto, se encuentran boicoteando las acciones legales de la fiscalía y de dichas víctimas, movidos por la ambición morbosa que ha despertado en ellos el hecho de que el gobierno central y empresarios tradicionales del turismo han puesto su atención y han comenzado a invertir dineros en la región sur del país (Bahía de las Águilas, Pedernales, Barahona, Los Corbanitos, Punta Arena y otras zonas de la región).
“Son insaciables y capaces de todo con tal de adueñarse de lo ajeno”, refieren los abogados de la defensa de los legítimos propietarios, integrada por los licenciados Manuel Sierra Pérez, Ignacio A. Miranda Cubilette, Addy Manuel Tapia De la Cruz, Laura Acosta Lora, Nelys Rivas Cid y el Doctor Jorge A. Morilla Holguín.
“Este inmueble, localizado en zona costera, cuya parte sur colinda con playa, fue adquirido con fines de inversión, con la intención de desarrollar en el futuro, cuando se dieren las condiciones propicias, y fueran realizadas las obras de infraestructuras necesarias de parte del gobierno, un proyecto turístico.”
“Esos terrenos fueron adquiridos por un valor de RD$600 mil pesos en el 1967 y hoy, 54 años después, mediante acciones fraudulentas, pretenden apropiarse de estos alegando que compraron los mismos por una cantidad menor”.
“Familias de trayectoria y de historias de trabajo honesto, de emprendedurismo, de confianza en la dominicanidad, que por mas de noventa años (en el caso de los Mayol) y sesenta años (en el caso de los Serrano Oms), han aportado su cuota de sacrificio por el desarrollo de la nación dominicana, a través de la creación de empresas y de miles de empleos, ahora se les quiere despojar de bienes obtenidos honrada y legalmente, mediante artilugios legales que incluyen la firma de supuestos acuerdos con personas fallecidas años antes de la fecha de suscripción de tales contratos.
Afirman en su acta acusatoria los representantes legales de las empresas propietarias de las acciones de Costa Dorada, dueña de los terrenos en Bahía de Salinas, Sabana Buey, que “Los hechos perpetrados por los señores Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, tipifican los crímenes de: asociación de malhechores, previsto y sancionado por los artículos 265, 266 y 267 del Código Penal de la República Dominicana; falsedad en escrituras de comercio, previsto y sancionado por el artículo 147 del Código Penal; falsedad en escrituras auténticas, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal; y, uso de documentos falsos, previsto y sancionado por el artículo 148 del Código Penal de la República Dominicana.
Uno de los imputados (Dr. Rafael Olegario Helena Regalado), y por lo menos una de las sociedades involucradas (Global Multibusiness Corporation), se encuentran involucrados en el caso de Bahía de Las Águilas, donde se utilizaron métodos parecidos a los empleados en el caso de Sabana Buey, de conformidad con el estudio de ambos expedientes.
En aquel caso solamente la intervención directa del Estado evitó que los reclamantes lograran apropiarse de esas valiosas tierras. Los juristas instaron a La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a ser más cuidadosa en los documentos que procesa, a los fines de que grupos mafiosos no la usen para afectar la seguridad jurídica de otras personas
Un caso como el presente no se puede realizar sin tener abogados y agrimensores dirigiendo las acciones, por el gran número de documentos que fue necesario crear y darles apariencia de verdaderos. Había todo una estructura y un esquema de naturaleza seudo-legal. Igualmente se utilizaron técnicas modernas de falsificación, tal como la duplicación digital computarizada, para lo cual debieron auxiliarse de expertos informáticos que se encuentran al servicio del crimen.
Igualmente se necesitan conexiones en las instituciones públicas en las cuales reposan las informaciones necesarias para ubicar terrenos de gran valor que no están siendo dedicados a la producción agrícola, o, al levantamiento de edificaciones, o, que pertenecen a sociedades que se encuentran sin una actividad comercial actual, lo que los convierte en vulnerables para este tipo de organización criminal.
Pero, además, necesitan sentirse apoyados por algunas autoridades inescrupulosas enquistados en algún o algunos de los diversos poderes del Estado.
