SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 30 años de reclusión mayor y una indemnización de dos millones de pesos, en contra de un hombre que le provocó la muerte a su pareja a causa de varias heridas de arma blanca, en un hecho ocurrido en el año 2022, en el sector Valiente, del municipio Santo Domingo Este.
La condena le fue impuesta a Cristian Mata González, por el Primer Tribunal Colegiado, que preside la jueza Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, e integran Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), quienes también le impusieron el pago de la indemnización de dos millones de pesos a favor de los familiares de la víctima y fue enviado a la cárcel pública 15 de Azua a cumplir las sentencia.
El expediente, instrumentado por el fiscal investigador Wilson Díaz, establece que en fecha 18 de abril de 2022, alrededor de las 6:30 de la mañana, el acusado y la víctima discutían acaloradamente, debido a que éste le pedía que desbloqueara el celular para poder revisarlo, momento en el que el hoy condenado le propinó a la víctima varias estocadas en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte.
Tras lo ocurrido, el hijo menor de edad de la hoy occisa se presentó en la casa de su abuelo, quien vivía a pocos metros de su casa en busca de ayuda para su madre, quien estaba tirada en el suelo gravemente herida.
Detalla que, rápidamente, el padre de la víctima acudió en su auxilio, encontrándola tirada en el piso en estado casi agónico y llamó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el cual procedió con su traslado a un centro de salud, donde murió mientras recibía atenciones médicas.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, demostró con suficientes elementos de prueba que el hoy condenado violó los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio cometido con premeditación o acechanza, así como el artículo 396, literales A y B, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
