SAN JUAN, Puerto Rico – El 13 de octubre de 2016, un Gran Jurado Federal en el distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de siete cargos de conspiración para importar una sustancia controlada y complicidad en la importación de una sustancia controlada, intento de importación, conspiración para poseer una sustancia controlada con intención de distribuir, posesión con intención de distribuir (complicidad), intento de posesión con intención de distribuir y un cargo de conspiración para lavar dinero contra Juan José De La Cruz-Morales, también conocido como «Wandy» y cinco acusados adicionales como parte de una investigación de la Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF).
De La Cruz-Morales fue arrestado recientemente en Santo Domingo, República Dominicana durante la Operación Falcón, liderada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Procuraduría General de la República Dominicana (PGR) con el apoyo de la DEA.
“Esta extradición exitosa de De La Cruz-Morales refleja años de colaboración y cooperación por parte del Departamento de Justicia y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, quienes están comprometidos en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico. “Gracias a las autoridades en la República Dominicana por sus esfuerzos para facilitar esta extradición para que el imputado rinda cuentas y enfrente la justicia por sus presuntos delitos”.
“La DEA reconoce el trabajo extraordinario de la DNCD y las autoridades de la República Dominicana en combatir a las organizaciones criminales transnacionales que dañan a nuestros dos países”, dijo John F. Kanig, agente especial interino a cargo de la División del Caribe de la DEA. “El desmantelamiento de esta organización ciertamente ha cortado un importante esquema de contrabando de drogas en la frontera caribeña. En coordinación con nuestros socios federales, estatales y extranjeros, la DEA continuará persiguiendo objetivos estratégicos en apoyo de nuestra misión de brindar seguridad y protección a nuestros ciudadanos”.
“Las plataformas Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe y el Grupo Interagencial de la Frontera Caribeña fomentan un alto grado de cooperación y transparencia entre las agencias federales de aplicación de la ley que facilitan la investigación y el enjuiciamiento de objetivos de alto nivel y líderes de organizaciones criminales transnacionales como el Sr. De La Cruz-Morales”, dijo Ivan J. Arvelo, agente especial a cargo de HSI San Juan. “HSI también aprecia los esfuerzos de nuestros excelentes socios encargados de hacer cumplir la ley en la República Dominicana, particularmente la DNCD y la PGR”.
La Fuerza de Ataque del Corredor del Caribe (CCSF) es un grupo de trabajo de lucha contra las drogas y el crimen organizado de múltiples agencias que opera en el Distrito de Puerto Rico y se enfoca en organizaciones criminales transnacionales con base en el Caribe y América del Sur involucradas en el contrabando marítimo y aéreo de cargamentos de narcóticos a Puerto Rico y los Estados Unidos continentales y en el lavado de las ganancias de las drogas mediante el contrabando de efectivo a granel y actividades sofisticadas de lavado. Las agencias signatarias de la CCSF incluyen la DEA, HSI, FBI, CGIS, USMS y la Fiscalía Federal.
La fiscal federal adjunta Jawayria Z. Auchter de la Sección Organizada Transnacional está a cargo del procesamiento del caso. La CCSF inició una investigación que condujo a la identificación de De La Cruz-Morales y otros objetivos que operan en la República Dominicana. La inteligencia compartida con las contrapartes dominicanas ayudó a la DNCD en el desarrollo de la exitosa Operación Falcón. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para asegurar el arresto y extradición de De La Cruz-Morales de la República Dominicana.
El acusado enfrenta una posible sentencia de 10 años hasta cadena perpetua.
Una acusación es simplemente un alegato y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.