Por Danilo Cruz Pichardo
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El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso la creación de un Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN), cuyas atribuciones serían compras y contrataciones y administrar programas de modernización y desarrollo de la plataforma material y tecnológica del denominado cuerpo del orden.
Muy hermosas las atribuciones del FTPN, pero amerita explicación la forma en que estaría constituido ese organismo. El presidente sería el ministro de Interior y Policía y tendría de vicepresidente al ministro de Hacienda. Hasta ahí todo va bien. Donde se daña es al sumar a tres miembros del sector privado. Se habla de tres empresarios sugeridos por el ministro de la Presidencia.
¿Cuál es la razón de otorgar al sector privado la administración de la Policía Nacional, con la agravante de que esos hombres de negocios estarían en mayoría? Una institución del Estado no se puede entregar al empresariado mediante decreto, pues el Art. 246, de la Constitución de la República, establece que: “El control sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias…”
Todo lo que se especuló sobre sectores como banca, energía, transporte, agua, turismo, etc., se ha ido cumpliendo. El Banco de Reservas no solo tiene como administrador a un empresario, sino que su Consejo de Directores está formado por hombres de negocios. Son empresarios hasta los suplentes de vocales. ¡Revíselo uno por uno!
Se afirmaba que el sector energía sería entregado al empresariado y se designó a Celso Marranzini como presidente del fideicomiso de Punta Catalina, un generador de energía con vínculos estrechos a Lisandro Macarrulla, lo que provoca reticencias legítimas.
Hace apenas meses al ingeniero Macarrulla, ministro de la Presidencia, se le designó también al frente de la Oficina de Desarrollo de Movilidad Urbana e Interurbana, donde puede operar proyectos en los más diversos sectores productivos de la economía nacional, en el marco de la famosa Alianzas Público-privadas, la cual también tiene una dirección general bajo la dependencia del poderoso funcionario.
A Macarrulla se le ha otorgado poder hasta para liquidar órganos estatales.
La inseguridad ciudadana es el principal problema en la República Dominicana, conforme a resultados de encuestas. Y la Policía Nacional ha sido parte de la problemática, por lo que demanda de reformas, pero siempre bajo el control del Estado dominicano. Se trata de un estratégico organismo público.
Ahora se sorprende a todos, sobre manera a aquellos que estuvieron en el diálogo nacional, al pretender entregar al sector privado a la institución supuesta a mantener el orden público, bajo el infeliz pretexto de que los “únicos serios son los empresarios”, porque tienen sus problemas resueltos y no roban, en un país donde abundan fortunas mal habidas, producto del contrabando, el lavado de activos, la evasión fiscal, el narcotráfico y la corrupción en sentido general.